Tanzania: Muere asesinado el mayor defensor de los elefantes del mundo

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Wayne Lotter ayudó a reducir en un 50% la caza furtiva en Tanzania

Tiroteado por luchar contra la caza ilegal de elefantes. Los balazos, disparados por un atacante todavía desconocido, han matado a Wayne Lotter, uno de los mayores defensores y conservacionistas de elefantes en el mundo. Los hechos ocurrieron por la noche mientras viajaba en taxi del aeropuerto el hotel en la capital de Tanzania, Dar es Salaam.

“Wayne dedicó su vida a la vida salvaje africana. Desde que empezó como patrulla en su Suráfrica natal hasta que lideró la lucha contra la caza furtiva en Tanzania, Wayne se preocupó profundamente de los animales que habitan este mundo”. “Murió luchando con valentía por la causa que más la apasionaba”, ha declarado la PAMS Foundation en su Facebook.

La PAMS fue una organización fundada por Lotter en 2009 para apoyar a todas las comunidades africanas a frenar a los cazadores furtivos que acaban con la fauna salvaje. Desde sus inicios, ha protegido a más de 32 mil elefantes, ha confiscado más de 1150 y ha arrestado más de 2 mil cazadores y traficantes desde 2012, según indican en su página web.

zasxqTambién colaboraba con la Unidad de Investigación de Crímenes Graves Nacionales e Internacionales de Tanzania (NTSCIU), que arrestó a la gran matarife Yang Feng Glan, llamada “Reina del Marfil” y a otros grandes delincuentes relacionados con la muerte y tráfico de animales salvajes. J untos eran considerados como un grupo de élite de la defensa de los animales y Lotter afirmó que creía que con ese trabajo conjunto se había ayudado a reducir la caza furtiva por lo menos en un 50%.

Sus acciones consiguieron que los más de 100 mil asesinatos de elefantes en Tanzania que se habían producido durante la última década no siguieran aumentado a ese ritmo vertiginoso. Sólo en una operación el 26 de junio de 2016, las dos organizaciones requisaron 1.2 toneladas de material de contrabando y detuvieron a 7 personas, tal y como contaba National Geographic loando las tareas de la PAMS y el NTSCIU.

Wayne era un experto con un dominio transversal de la gestión de la vida salvaje: contraba con experiencia en administración finaciera, gestión, audición y certificación de riesgos, ecoturismo, restauración ecológica, planificación y conservación de la naturaleza, entre otros muchos. El mundo del activismo por la defensa de la vida salvaje lamenta su pérdida. The Guardian

Perú: Con los ojos ciegos

zxcmnEn nuestro medio muy campantemente vivimos con ojos ciegos a la realidad como si lo que está sucediendo en Nepal, Bangladesh, India y Sierra Leona -donde se cuentan por miles los muertos como consecuencia de inundaciones, aludes y vendavales- jamás nos ocurrirá.

Tampoco interesa lo que ocurre en el Ártico porque se supone que eso solo sucede allá y allá queda. Pero, la realidad es otra porque las consecuencias, activado el efecto dominó, llegará a todos los lugares del planeta, por más recónditos que estos sean.

Nosotros, hace muy poco, sufrimos los efectos de El Niño costero, claro  indicio de que tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos se repetirán cada vez con más fuerza. ¿Cuántas vidas más, entonces, debemos sufrir para entender que el cambio climático es uno de los retos globales más inevitables de nuestro siglo? Además, hay otro reto global: impedir que el irreflexivo Donald Trump cumpla con su amenaza de desatar una guerra nuclear ya que responderá “… con fuego y furia como el mundo jamás ha visto…” a las provocaciones norcoreanas. ¿Son solo palabras de uno y otro? No, así empiezan las guerras.

Recordemos, pues, cómo luego de Hiroshima (con más de 100 mil muertos) el presidente estadounidense Harry Truman exigió a Japón que se rindiera: “Si no aceptan nuestras condiciones, se encontrarán con una lluvia de ruina lanzada desde el aire como nunca jamás se ha visto en la Tierra”. Resultado: 70 mil muertos más en Nagasaki.

¿Se repetirá la historia? jvr

Perú: El genocidio secreto

Todas las páginas de este diario* serían insuficientes para relatar el horror del Caso Los Cabitos, una horrenda, imperdonable masacre perpetrada entre los años 1983 y 1985, y acaso silenciada en salvaguarda del prestigio de las Fuerzas Armadas y de su obvio autor mediato.zxv1Hace 34 años, cuando el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, el gallardo fundador de Acción Popular que confundía terrucos con abigeos, era presidente del Perú, su ministro de Guerra era el general del Ejército Óscar Brush Noel, el comandante general de las Fuerzas Armadas era el general EP Carlos Briceño Zevallos y el comandante general de la lucha antisubversiva era el general EP Clemente Noel Moral, el cuartel militar Domingo Ayarza, más conocido como Los Cabitos, en Ayacucho, fue convertido en un auténtico campo de exterminio donde, amparándose en el estado de emergencia, por lo menos 159 peruanos –entre ellos, muchos menores de edad– fueron secuestrados, torturados y, finalmente, asesinados y enterrados en fosas comunes en la pampa de La Hoyada, el campo de tiro de la base, para luego, en muchos casos, ser incinerados en hornos crematorios construidos por los propios soldados para tan macabro fin. Basándose en testimonios contenidos en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, en 2004, la fiscal provincial de Huamanga, Cristina Olazábal, formuló denuncia penal contra los generales arriba mencionados y otros siete oficiales por los delitos de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas: Humberto Orbegozo Talavera, Pedro Edgar Paz Avendaño, Julio Carbajal D’Angelo, Carlos Millones D’Estéfano, Roberto Saldaña Vásquez, Carlos Torres Rodríguez y Arturo Moreno Alcántara. Pronto, en razón de su complejidad, el proceso debió ser trasladado a Lima donde la fiscal nacional de Derechos Humanos y Terrorismo, Luz Ibáñez, continuaba su tenaz trabajo monitoreando las infatigables labores de excavación en busca de los restos, labores de ubicación que echaron mano también de los valiosos datos contenidos en el libro “Muerte en el Pentagonito” del periodista Ricardo Uceda. La paciencia rindió sus frutos y en enero de 2005 se encontró, en el perímetro del cuartel, una primera fosa con dos cuerpos. La fiscal Ibáñez ordenó excavar un área total de 170 mil metros cuadrados en la que se logró hallar 58 fosas y, dentro de ellas, el Equipo Peruano de Antropología Forense constató la existencia de un total de 109 cuerpos maniatados, amordazados, vendados, brutalmente golpeados y ejecutados con balas de 9 milímetros en la nuca o en la sien. Solo 5 cuerpos pudieron ser identificados porque la habitual falta de reactivos ha hecho imposible la realización de las pruebas de ADN en la totalidad de los restos. También se encontró el infame horno crematorio y el tanque que lo abastecía de combustible –que permanece en el lugar hasta la fecha, como un recordatorio del espanto– así como 24 botaderos de restos carbonizados, ya imposibles de someter a pericia alguna. Se organizó exhibiciones de las prendas de vestir que permitieron que algunos familiares de las víctimas las reconocieran. Un dato espeluznante: el 30% de los asesinados tenía entre 11 y 20 años de edad.

zaswA las 3:25 de la mañana del viernes último, luego de haber esperado justicia durante 34 años, Angélica Mendoza de 88 años –“Mamá Angélica”–, la madre del desaparecido Arquímedes Ascarza, pudo escuchar por fin el veredicto de los jueces. “Mamá: estoy acá preso. No sé dónde estoy ni cuándo saldré, pero estoy un poco tranquilo”– dice la nota que, tras una pericia grafotécnica que verificó su autenticidad, forma parte de las evidencias consignadas en el expediente. La nota que, gracias a algún soldado de buen corazón, pudo hacerle llegar su hijo, escribiéndola a escondidas, en un pedazo de costal de azúcar. Pero el sacrificio de toda una vida consagrada a buscarlo no bastó. Mamá Angélica nunca volvió a ver a su hijo. Todavía hoy se le escapa un sollozo sin fondo al contemplar la fotografía que ha colgado de su pecho dolorido para recorrer incansablemente el país, pueblo por pueblo, sin hallarlo jamás: “Nunca lo encontré y nunca lo voy a olvidar. Cuando yo muera, olvidaría, pero mientras yo vivo, no se puede olvidar”. La lectura de sentencia estaba programada para el miércoles pasado, pero ninguno de los militares acusados acudió a la cita con la justicia. Como si, para los deudos, no fuera suficiente el haber esperado los 14 años que duró el proceso, el juez del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, Ricardo Brousset, ordenó postergar la audiencia un día más. Como era de esperarse, los acusados faltaron también a la segunda citación. Antes de la lectura de sentencia, Humberto Orbegozo Talavera, Arturo Moreno Alcántara y Roberto Saldaña Vásquez fueron declarados reos contumaces.

La condena más severa –30 años de prisión efectiva por asesinato– fue para Orbegozo Talavera, el otrora jefe del Cuartel Los Cabitos, hoy de 75 años de edad, quien, por supuesto, se encuentra prófugo. El coronel EP Édgar Paz Avendaño, de 79 años, jefe de Inteligencia de la siniestra Casa Rosada de Ayacucho, fue sentenciado a 23 años de cárcel por el mismo crimen, pero –de acuerdo a un informe del noticiero de Latina– ya había tomado las precauciones del caso pues salió del país el 11 de agosto con destino a México, siendo Estados Unidos su probable destino, pues tiene residencia en ese país. En lo que podría considerarse un triunfo del también ausente abogado de los militares, César Nakazaki, los jueces se reservaron la lectura de sentencia para el general (r) Carlos Briceño Zevallos (90), ex comandante general del Ejército y el coronel (r) Carlos Millones D’Estéfano (86), jefe del Estado Mayor Operativo, en razón de una supuesta demencia senil que podríamos denominar amnesia selectiva pues –según la fiscal Ibáñez– antes de que a sus abogados se les ocurriera tamaña estrategia, ambos oficiales hacían gala de perfecta coherencia y lucidez. También se reservó la lectura de sentencia para el oficial Arturo Moreno Alcántara, que también continúa fugado. El asustadizo coronel (r) Roberto Saldaña Vásquez, en cambio, huyó por gusto, pues fue absuelto por falta de pruebas. Tanta cobardía contrasta con la dignidad y la entereza de la estoica Mamá Angélica, que no ha cambiado una sílaba de su relato desde el primer día: “Mi hijito estaba tranquilo en la casa. Ojalá como otros estaría correteando, pero él era tranquilo con su estudio, con su cuadernito está, tranquilo está, durmiendo, han entrado esos miserables le han sacado en su ropa de dormir. Ni sus restos, ni su ropita, nada encontré. Andando por los barrancos, todo el sitio buscando. He encontrado bastantes muertos, toda clase de torturados, pero mi hijo no. Dónde lo llevarían esos desgraciados, con Belaundicha han hecho, esos miserables…”. * Diario Perú21 – Beto Ortiz

Perú: Sala Penal condenó a dos oficiales del cuartel militar por crímenes de lesa humanidad

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La hoyada. La Sala Penal sostuvo que el terreno junto a Los Cabitos, donde se han recuperado restos de 109 personas asesinadas, estuvo bajo el control de los militares en 1983.

Histórico. El Tribunal reconoció que hubo “un conflicto armado interno” en el país, que fue desatado por la organización terrorista Sendero Luminoso y que como parte del combate antisubversivo se incurrieron en prácticas de lesa humanidad.

Fue una sentencia histórica pero incompleta. Así la calificaron familiares de los muertos y desaparecidos de Ayacucho en 1983 que por más de siete horas escucharon la lectura del fallo de la Sala Penal Nacional, que terminó condenando a dos de los procesados por las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal del Cuartel Militar Los Cabitos.

Pasadas las 2 y media de la mañana, el relator del tribunal leyó la decisión de los jueces de imponer 30 años de prisión a quien fue jefe de la instalación militar, Humberto Bari Orbegozo Talavera, y 23 años de pena efectiva al ex jefe de Inteligencia Pedro Paz Avendaño. Por no haber concurrido, la Sala los declaró reos contumaces y ordenó su detención.

Los condenaron por la ejecución extrajudicial de Luis Alberto Barrientos Taco. Tenía solo 19 años cuando los militares lo sacaron de su casa en setiembre de 1983. Lo arrancaron de los brazos de su madre, doña Celsa, quien no pudo viajar a Lima para oír la sentencia porque está delicada de salud.

El joven permaneció como desaparecido hasta el año pasado, cuando fue identificado por una prueba de ADN. Su cuerpo fue hallado en una de las fosas de La Hoyada, junto a la instalación militar. Tenía impactos de bala en la cabeza.

Su caso fue determinante para que los jueces resuelvan por unanimidad que está probado que fuerzas del orden de Los Cabitos detenían sospechosos de terrorismo, los torturaban y en algunos casos -como el suyo- los ejecutaban extrajudicialmente.

La sentencia fue más allá, pues reconoció que a partir de 1983 se produjo un ataque sistemático y generalizado contra un sector de la población, que para las fuerzas del orden eran sospechosos de terrorismo.

Orbegozo Talavera y Paz Avendaño también fueron sentenciados como responsables de numerosas desapariciones y torturas, entre ellas, el secuestro de Zósimo Tenorio Prado, un artesano de 28 años. Su esposa, Adelina García, sí pudo estar presente.

Según informó Latina anoche, Paz Avendaño salió del país hace una semana.

“Es una justicia a medias. Los militares siempre negaron que se habían llevado a nuestros familiares y ahora los jueces nos dan la razón. Pero solo condenaron a dos. ¿Y los demás?”, inquirió indignada al acabar la audiencia.

Y es que los jueces reservaron la condena para quien fue comandante general de las Fuerzas Armadas, Carlos Briceño Zevallos, y el ex jefe de estado mayor operativo Carlos Millones D’Stefano. Resolvieron que en 9 meses se evalúe su condición de salud a fin de definir si pueden someterse a proceso. Lo mismo hicieron con Arturo Moreno Alcántara, destacado en la Sección Inteligencia, ordenando su ubicación y captura.

El ex jefe de estado mayor administrativo Roberto Saldaña Vásquez fue absuelto.

Asimismo, se ordenó el pago de una reparación, en el que el Estado es tercero civil responsable: S/ 250 mil para los deudos de Luis Alberto Barrientos; S/ 200 mil para los familiares de los desaparecidos; así como S/ 150 mil para cada uno de los torturados.
Lesa humanidad

La fiscal superior en materia de derechos humanos y terrorismo, Luz del Carmen Ibáñez, sostuvo que más allá de cuestionamientos por las penas y algunas absoluciones, se debe rescatar que la sentencia del caso Cabitos es histórica.

“Se ha reconocido que hubo un conflicto armado interno, que fue desatado por la organización terrorista Sendero Luminoso. Además, que a partir de diciembre 1982, con la entrada del Ejército y otras fuerzas militares a Ayacucho para combatir el terrorismo, se cometieron prácticas de agresión a los derechos humanos de manera generalizada”, destacó.

Remarcó además el hecho de que la Sala haya reconocido que hubo un contexto de lesa humanidad, que agrava los delitos de detenciones arbitrarias, secuestros, torturas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Asimismo, expresó que la resolución dejó claro que estos oficiales pusieron a la organización del comando político militar de Ayacucho al servicio de prácticas aberrantes de violaciones a los derechos humanos, apartando de la legalidad al Ejército.

Apelaciones

La fiscal ha presentado un recurso de nulidad a varios puntos de la sentencia. Uno de ellos es que se haya excluido el cargo de secuestro agravado, dejando el de detención arbitraria. Argumentó que en el primer caso las penas van hasta los 35 años e impiden los beneficios penitenciarios.

Asimismo, han apelado la decisión del tribunal de no aplicarle el delito de desaparición forzada a Paz Avendaño, quien argumentó que pasó a retiro antes de que este delito se incluya en la legislación peruana. “De acuerdo a la interpretación del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana y los tratados que ha firmado el Perú, estos delitos, sin importar la fecha en que se cometieron, deben ser sancionados conforme a la gravedad”, refirió.

Igual opinión tuvo la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, abogada de las víctimas, quien también presentará recurso de nulidad. Agregó que también apelarán la absolución de Saldaña Vásquez, así como la decisión de la Sala de desestimar 19 casos de desaparición forzada y varios otros de tortura, argumentando que no había suficientes pruebas. Uno de ellos es el de Raúl Palomino Ventura.

“La Sala dice que solo hay un testimonio, pero no es así. Él fue detenido la misma fecha que otras personas que sí fueron consideradas víctimas. Hay varios testigos que dan cuenta que se lo llevaron y no volvió a aparecer”, manifestó.❧

Fallo será importante para otros procesos de Ayacucho

No todas las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar de Los Cabitos en 1983 se incluyeron en este caso. Existe un grupo que aún se encuentra en espera de que el Ministerio Público formalice su acusación, lo que se realizará a más tardar el próximo mes, aseguró la fiscal Luz del Carmen Ibáñez.
Indicó que este fallo será muy importante al momento de que los jueces valoren las pruebas que se presenten.
Dijo que también deberá tomarse en cuenta para el proceso por las detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas también por personal de Los Cabitos en 1984. Dijo que se presentará la acusación fiscal en los próximos meses.  María Elena CastilloLa República

 

 

Gustavo Gorriti: “Luiz Mameri tiene un conocimiento preciso de quiénes fueron sobornados en el Perú”.

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Abrir Secretos

Por Gustavo Gorriti.-(*)

En las últimas semanas hemos revelado, en IDL-Reporteros y Caretas, varias informaciones importantes sobre el caso Lava Jato. Ahora sabemos que Marcelo Odebrecht ordenó que se entregaran 3 millones de dólares a Ollanta Humala para la campaña presidencial de 2011; y sabemos también que le indicó a Jorge Barata “dale más” a Keiko Fujimori para esa elección; que escribió una anotación electrónica para “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”; que “probablemente” también contribuyó con la campaña del Apra, y quizá con alguna más (la identidad de la cual se conocerá pronto, espero).

Sabemos también que casi todas estas informaciones (con excepción, claro está, de la de Ollanta Humala), fueron ocultadas por la fiscalía peruana que, de esta manera, perpetró un encubrimiento.

Los datos revelados son muy importantes, aunque resulten apenas una fracción de todo lo que los ciudadanos (y los estudiantes precoces) deben conocer sobre este megacaso de corrupción empresarial y política. Sabemos ya, empero, que si dejáramos la información en manos de la Fiscalía, sería cubierta por un manto turbio de secreto. Se sabría lo que ellos quieren que se sepa y se ocultaría lo que no.

Eso no sucedió en Brasil donde –como ha explicado repetidamente, con invariable claridad, el juez Sergio Moro– abrir la información del caso a los ciudadanos hizo que una nación entera participara de la investigación y la defendiera con fuerza y entusiasmo. Gracias a eso Lava Jato no fue hundido por las fuerzas poderosas que hicieron naufragar casi todas las investigaciones precedentes.

Lo que sirve para Brasil sirve igual para nosotros. Si bien nuestros jueces y fiscales no se parecen a los de ellos, debemos tener en común un pueblo bien informado.

De manera que empezamos ahora una nueva etapa, mayor y muchos más intensa que las precedentes en la que, mediante IDL-Reporteros y Caretas, revelaremos una serie de hechos hasta ahora secretos. Les daremos los detalles, las fechas, las personas, los números de cuentas cuando se pueda, dentro de la narrativa de varios casos de corrupción en el caso Lava Jato.

Como muchos de ustedes saben, IDL-Reporteros organizó la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por notables periodistas de Armando.Info (Venezuela), La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Sudestada (Uruguay) y Quinto Elemento Lab (México). Hemos colaborado con ellos en publicar varias notas que han tenido un fuerte impacto en sus naciones y también en Ecuador. Ahora nos toca aquí.

Hubo que decidir si arrancar con los casos o precederlos con una descripción básica de personajes y métodos. Escogí lo segundo, porque resultará importante para entender mejor los casos. Seré en esta parte lo más somero posible, aunque luego aparecerán otros personajes relevantes cuya descripción acompañará el relato del caso.

En la confesión corporativa de Odebrecht a fines del año pasado, la de los principales hechos de corrupción en el Perú fue protagonizada principalmente por cuatro altos funcionarios de la firma.

Ellos fueron: Luiz Mameri, Jorge Barata, Luis Alberto de Meneses Weyll y Ricardo Boleira.

Barata es el más conocido, pero el más importante (no solo para Perú sino para casi toda América Latina) es Mameri. Nacido en agosto de 1955 en Minas Gerais, ingeniero civil de expresión involuntariamente ascética, cabello cortado al cepillo, Mameri habla en forma calma y precisa, con el tono de un general que acepta la derrota con resignación pero sin miedo. El precio de la derrota es confesar, y Mameri lo hace sin explayarse pero sin dar la apariencia de guardarse información importante.

En sus inicios profesionales en Odebrecht, Mameri trabajó en Brasil y Ecuador. Regresó luego a ese país donde ascendió eventualmente a Superintendente (lo que fue Barata en Perú). Pasó, con el mismo cargo, a Angola de donde, años después retornó a Brasil como vicepresidente para América Latina y Angola. El título cambió luego a Líder Empresarial, a cargo de la supervisión de los Superintendentes de América Latina, menos Venezuela.

¿Cuándo cometió su primer acto ilícito (es decir, el pago de coimas)? En 2004, responde Mameri, cuando era superintendente de Angola, tuvo “la necesidad de hacer un pago ilícito”, unos “ocho meses después” de haber llegado al país. Dice que entre 1989 y 2003 “no precisó hacer pagos indebidos”. En la ocasión de ese primer pago, su entonces superior directo, Marcelo Odebrecht le indicó que se pusiera en contacto con Hilberto Silva (un personaje que tendrá importancia central en casi todos los casos) para arreglar el asunto. Tuvo claro que para pagar las coimas, se “generaban recursos no contabilizados” en las diversas operaciones de Odebrecht.

¿Cómo se pasó a las “operaciones estructuradas” de la corrupción? Antes, dijo Mameri, el pago de coimas se hacía “en forma desordenada” con los superintendentes “generando” recursos de su propios proyectos para los sobornos. Añade que “entre 2010 y 2012 fue necesario instituir un proceso de aprobación para esos pagos”. Ahí recibió un “pen drive” con el que tuvo acceso al sistema criptografiado Drousys. En él recibía las solicitudes para aprobar las cutras.

Cada vez que aprobaba el pago, debía copiarlo, por orden de Marcelo Odebrecht, a una persona llamada “Ubiraci Santos”, que “procesaba e implementaba esas solicitudes [de coimas]”. Pero la aprobación de cada coima en América Latina (menos Venezuela), era hecha por Mameri. Como los superintendentes nacionales dependían directamente de él, Mameri tuvo y tiene un conocimiento preciso de quiénes fueron sobornados, cuándo, para qué y por cuánto, desde México hasta Argentina. Y, por supuesto, en el Perú.

¿Y Ubiraci? El veterano Isaias Ubiraci Chaves Santos ingresó a Odebrecht en 1977 y trabajó, sobre todo, en el área financiera. En 2004, indica, Marcelo Odebrecht lo llamó, le dijo que, dado que tenía que efectuar “pagos no contabilizados” [es decir, coimas] necesitaba a Ubiraci para “verificar algunos parámetros” antes de proceder al pago.

Los parámetros para las coimas que estableció Odebrecht eran: la obra de la que procedía el soborno debería tener un saldo positivo; y el valor de la coima debía ser aprobado por el Líder Empresarial, que entonces era el propio Marcelo Odebrecht (y después, Mameri).

Ubiraci no se sorprendió puesto que, dice, el tema de los sobornos “no era completamente nuevo para mí, porque durante determinado período en la década de 1970 fui subordinado de Antonio Ferreira quien, entre otras cosas, era responsable de pagos indebidos en la CNO [Constructora Norberto Odebrecht]”. Y, añade Ubiraci, “creo que Marcelo me confió esa actividad pues […] he convivido con tres generaciones en la empresa, (con su abuelo, su padre y con él)”. Así que, según recuerda, la cutra empresarial tenía tres generaciones también.

Aunque Ubiraci procesaba pseudónimos, códigos antes que nombres, en el primer paso del pago de los sobornos por el sector de operaciones estructuradas, Luiz Mameri sí tenía que saber a quién se estaba coimeando y por qué. Pese a que Mameri mencionó que algunos pagos de coimas pueden haberse hecho sin su conocimiento, él era un líder lo suficientemente detallista, observador y astuto como para que ese contrabando de coimas fuera la excepción.

Entonces, sabiendo eso: ¿La confesión de Barata fue ratificada o validada por Mameri? ¿Coinciden las confesiones de Barata con las de Boleira y, especialmente, con la de Meneses Weyll? Lo veremos esta semana en IDL-Reporteros, aunque puedo adelantar en cuanto a las confesiones que si mucho se ha dicho, mucho se ha callado.

(*) Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición la 2501 de la revista ‘Caretas’.

 

Ecuador: organizaciones se manifestaron contra las semillas transgénicas

zse54Un grupo de pequeños y medianos agricultores, así como organizaciones ecologistas, llegó este 14 de agosto de 2017, al Palacio Carondelet, para solicitar una audiencia con las autoridades del Gobierno. Quieren que se impida el ingreso de semillas transgénicas al país.

El veto del Ejecutivo, firmado por Rafael Correa, que permite el ingreso de semillas transgénicas para investigación, fue aprobado por la mayoría oficialista el pasado 1 de junio. Esto pese a que la Constitución dice que el Ecuador es un país libre de transgénicos.

La manifestación estaba encabezada por la Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral (Fecaol). Richard Intriago, presidente de la agrupación, dijo que el veto presidencial al artículo 56 de la Ley de Semillas fue el “último golpe” del Régimen anterior al sector rural.

Además aseguró que han intentado en varias ocasiones hablar con el Ministerio de Agricultura y con el nuevo presidente Lenín Moreno, pero no han tenido éxito. “Si no nos atienden nos quedan las medidas de hecho, la semana pasada ya cerramos tres vías en Guayas”.

Roberto Gortaire, coordinador del colectivo Agroecológico Ecuador, coincide en que han buscado acercamientos con el Gobierno, pero hasta el momento no han sido escuchados. Esto pese a que las manifestaciones por este tema iniciaron el 21 de junio.

No venimos solo para protestar -sostiene- tenemos un modelo agrícola diversificado para presentar. Incluso presentaron un proyecto legal sobre agricultura sustentable en la Asamblea, en 2012, pero tampoco ha sido tramitado, indica.

Los manifestantes permanecieron en la Plaza Grande hasta las 10:15, entonces marcharon hacia la Corte Constitucional, dónde acompañaron a la Conaie en la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 56 de la Ley de Semillas.

Mientras tanto en Carondelet, el Primer Mandatario lideró el Cambio de Guardia. Aunque el vicepresidente Jorge Glas llegó a la Presidencia momentos antes, no lo acompañó. Moreno estuvo junto a los gobernadores de Cotopaxi, Napo, Sucumbíos, el legislador de Creo, Angel Gende y algunos dirigentes estudiantiles y sociales. No dio declaraciones. Nodal

Perupetro ratifica que no obedecerá Ley 30357 del Congreso

zzxsdcCaso lote 192. Campo petrolero tiene 130 millones de reservas de petróleo y debe pasar por ley expresa del Congreso a Petroperú, pero funcionarios desacatan la ley. La ministra ya fue citada al Congreso.

Continúan apareciendo las pruebas de la maniobra de la agencia estatal Perupetro para retirar a la también empresa estatal Petroperú del mayor campo petrolero del país, como es el Lote 192.

Esto queda manifestado en el Acuerdo de Directorio Nº 061-2017 de Perupetro del 11 de agosto en el que, por unanimidad, se declara infundado el recurso impugnativo presentado por Petroperú contra la decisión de la gerencia general de Perupetro de denegación de calificación, y ratifican en todos los extremos la decisión impugnada.

El actual directorio de Perupetro, agencia encargada de la promoción de inversiones en el sector hidrocarburífero, es presidido por Francisco José Joaquín Elías García Calderón Portugal, quien está acompañado por los directores: Luis Fernando Ruiz Lecaros, Juan José Martínez Ortiz, Víctor Raúl Sanz Parra y José Luis Carlos Balta Chirinos.

La controversia
Antes de Fiestas Patrias, la gerencia general de Perupetro, cuya responsabilidad posa sobre Milton Rodríguez, notificó a Petroperú –ante su solicitud– que no calificaba como empresa petrolera para operar el Lote 192 por “incapacidad económica”.

Petroperú, amparada en la Ley 30357 (aquella que otorga un procedimiento específico en relación a la participación de Petroperú en el Lote 192), impugnó la decisión al directorio, que la semana pasada ratificó el fallo.

Perupetro desconoce ley
Un hecho que llama la atención es que Perupetro, en su acuerdo de directorio, refrenda que Petroperú no acredita contar con la capacidad económica y financiera necesaria para garantizar la ejecución de las obligaciones contractuales en el contrato de licencia para la explotación del Lote 192; pero no menciona en ningún párrafo la aplicación y alcances de la Ley 30357 que es, como lo explican diversos legisladores, ‘mandatoria’.

Freddy Sarmiento, congresista de Fuerza Popular, aseveró que por esta desobediencia de Perupetro, la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, debe responder en la comisión especializada.

“Que nos explique cuáles fueron los argumentos legales en los cuáles ellos –Perupetro– se han basado para dar esta resolución que contraviene a la Constitución porque se contrapone a una ley dada por el Congreso”, anotó.

En 2015, el Congreso aprobó por insistencia y por amplia mayoría (73 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones) la Ley 30357, que introdujo una cuarta disposición complementaria final a la Ley 30130, y determina que una vez concluido el contrato temporal dado a Frontera (ex Pacific) a finales del 2018, el Lote 192 pase a manos de Petroperú.

“Y la ley se debe cumplir porque para eso se le dio la posibilidad de que Petroperú pueda buscar un socio para explotar el Lote 192 y completar los 95 mil barriles diarios que necesita la refinería de Talara a futuro. Esa ley fue votada en el gobierno anterior por todos los fujimoristas, los 32 que éramos el partido. Fue un acuerdo de la bancada”, recordó.

Fujimorismo alineado
La legisladora de Fuerza Popular Karla Schaefer advirtió que con esta acción Perupetro pasó por encima del Congreso y de una ley que se aprobó ante el clamor popular de Iquitos y la región Loreto, que en 2015 estuvo envuelta en situaciones de conflictividad social y paros regionales por este caso.

Asimismo, Schaefer recordó que la adjudicación del Lote 192 fue liderada por la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, y por tanto la bancada actuará bajo los principios aprobados en el 2015.

Ya son 11 oficios
Según pudo conocer La República al cierre de esta edición, ya son 11 los oficios de congresistas en los que solicitan a Perupetro la información técnica, legal y económica sobre la descalificación de Petroperú en el Lote 192. Entre estas solicitudes se encuentran las de las congresistas Marisa Glave y Marisol Espinoza.

El Lote 192, ubicado en Andoas (Loreto), cuenta con 130 millones de barriles de reservas probadas de petróleo las cuales tendrían una valorización no menor a los US$ 10 mil millones. Redacción LR