Perú: sin consulta no se explotará el Lote 192

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Pueblos achuar quieren conocer las condiciones en las que operará el nuevo concesionario y quién asumirá la remediación de los cerca de dos mil sitios impactados que dejó 46 años de actividad petrolera.

Pueblos achuar quieren conocer las condiciones en las que operará el nuevo concesionario y quién asumirá la remediación de los cerca de dos mil sitios impactados que dejó 46 años de actividad petrolera.

Cuarenta y seis años de explotación petrolera con graves impactos ambientales y la próxima concesión por treinta años más del lote 192, el más productivo del país, han puesto en guardia y han movilizado a los pueblos achuar del río Corrientes, quechua del río Pastaza, y kichwa del río Tigre; las tres cuencas hidrográficas que abarca esta concesión hidrocarburífera.

Los indígenas han hecho un petitorio oficial de consulta previa al Ejecutivo en el que indican que al estar por concluir el contrato de servicios por dos años que se otorgó a la empresa Pacific Stratus, hoy Frontera Energy, y ante la ejecución de un nuevo contrato bajo nuevas condiciones, ellos necesitan saber quién asumirá los pasivos ambientales y qué nuevas tecnologías se utilizarán.

“Lo que pedimos es que se garantice el derecho a consulta. Es razonable, porque habrá un contrato por treinta años más, entonces las federaciones (Fediquep, Feconacor, Opikafpe y Acodecospat) necesitamos que nos garanticen la seguridad ambiental. De lo contrario, nos obligarán a sacar nuestras lanzas y no se extraerá petróleo”, advierte Aurelio Chino Dahua, apu de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep).

En la última reunión que tuvieron con el Ejecutivo, el pasado 22 de agosto, los nativos dieron veinte días de plazo para que el gobierno responda a la solicitud de consulta que presentaron. La respuesta esperan recibirla en Nuevo Andoas. Este plazo se cumple el 11 de setiembre.

En estos días las comunidades de cada cuenca están viendo cómo avanzar en esta demanda. En la cuenca del Marañón señalan que si el gobierno no toma una decisión hasta el 11 de setiembre, los comuneros lo entenderán como una negativa.

“Nosotros tendremos una asamblea en Puerto Orlando. La consulta previa es gravitante. El gobierno tiene temor de hacerla porque en ese proceso se puede trabajar acuerdos para cambiar elementos del contrato. Necesitamos una política ambiental que garantice la vida de los pueblos indígenas. Estamos de acuerdo con la actividad petrolera pero queremos sus beneficios y que no nos sigan matando de a pocos”, exige Alfonso López Tejada, apu de la Asociación Kukama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat).

Las huellas

El lote 192 contiene 12 campos de producción y 112 pozos activos. La mayoría de ellos se encuentran en la cuenca del Corrientes.

Las marcas de una actividad de cuarenta y seis años sin mayor fiscalización ambiental se evidencia en los 2,014 pasivos ambientales que existen, según información de OEFA.

Hay 92 sitios contaminados que abarca más de 2 millones de metros cuadrados de territorio indígena. Aguas y suelos tienen trazas de hidrocarburos y metales pesados como plomo y bario, que fueron identificados por autoridades ambientales de OEFA y ANA, bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente en el año 2013.

Los especialistas de la ONG norteamericana E-Tech International estiman que el costo de una remediación de este nivel supera los mil millones de dólares.

En cuanto a las reservas del lote 192, Perupetro considera que hay 139 millones de barriles de petróleo por extraer.

Según informe de esta agencia, en 28 días de agosto último la producción total fue de 282.712 barriles.

Y respecto al canon y sobre canon petrolero que recibió la región Loreto, Mario Zúñiga, el asesor de las federaciones indígenas de las cuatro cuencas loretanas, informó que entre los años 2001 y 2015 este gobierno regional recibió 1,072, 615.025 millones de dólares, de acuerdo a datos que obtuvo de Perupetro. Es evidente que muy poco ha llegado a las comunidades indígenas.

Defensa de la consulta

La ley de Consulta Previa señala que se tiene que consultar toda medida administrativa que implique la afectación de derechos indígenas. También hay una disposición complementaria que dice que en caso exista la renovación de la medida y no exista afectación de derechos, no se requiere la aplicación de esta ley.

Mario Zúñiga sostiene que en este caso sí se necesita consultar porque no se va dar permiso por dos o tres años más sino que el nuevo concesionario operará por treinta años.

“Esta medida administrativa que va aprobar un proyecto de hidrocarburos por treinta años definitivamente afecta los derechos de los pueblos, porque no es el mismo decreto supremo que el Ejecutivo aprobó hace dos años, el mismo que no implicaba exploración ni mejoras en cuestiones ambientales”, precisa el asesor de los pueblos indígenas.

Medida administrativa

Al respecto, Javier Aroca, de la PCM, explicó que el Ministerio de Energía y Minas ha respondido a las federaciones que a la fecha no hay ninguna medida administrativa que consultar. Esto, porque todavía hay un contrato de servicios con Frontera Energy que se tendrá que prolongar hasta enero del 2019 debido a que esta empresa no pudo operar por problemas con el uso del oleoducto norperuano.

La respuesta de Energía y Minas fue apelada por los indígenas ante el Ministerio de Cultura. En la PCM dicen que están a la espera de la resolución que emita este sector.

“Hay más de un año para que el Estado decida si debe o no someterse a consulta previa una medida administrativa que en este momento no existe. Cuando se formule tendrá que ir a consulta”, indicó Javier Aroca.

En tanto, en las cuencas loretanas esperan que este 11 de setiembre el Ejecutivo les garantice que el nuevo contrato del Lote 192 será consultado. La República.- Elizabeth Prado

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