Perú: Sala Penal condenó a dos oficiales del cuartel militar por crímenes de lesa humanidad

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La hoyada. La Sala Penal sostuvo que el terreno junto a Los Cabitos, donde se han recuperado restos de 109 personas asesinadas, estuvo bajo el control de los militares en 1983.

Histórico. El Tribunal reconoció que hubo “un conflicto armado interno” en el país, que fue desatado por la organización terrorista Sendero Luminoso y que como parte del combate antisubversivo se incurrieron en prácticas de lesa humanidad.

Fue una sentencia histórica pero incompleta. Así la calificaron familiares de los muertos y desaparecidos de Ayacucho en 1983 que por más de siete horas escucharon la lectura del fallo de la Sala Penal Nacional, que terminó condenando a dos de los procesados por las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal del Cuartel Militar Los Cabitos.

Pasadas las 2 y media de la mañana, el relator del tribunal leyó la decisión de los jueces de imponer 30 años de prisión a quien fue jefe de la instalación militar, Humberto Bari Orbegozo Talavera, y 23 años de pena efectiva al ex jefe de Inteligencia Pedro Paz Avendaño. Por no haber concurrido, la Sala los declaró reos contumaces y ordenó su detención.

Los condenaron por la ejecución extrajudicial de Luis Alberto Barrientos Taco. Tenía solo 19 años cuando los militares lo sacaron de su casa en setiembre de 1983. Lo arrancaron de los brazos de su madre, doña Celsa, quien no pudo viajar a Lima para oír la sentencia porque está delicada de salud.

El joven permaneció como desaparecido hasta el año pasado, cuando fue identificado por una prueba de ADN. Su cuerpo fue hallado en una de las fosas de La Hoyada, junto a la instalación militar. Tenía impactos de bala en la cabeza.

Su caso fue determinante para que los jueces resuelvan por unanimidad que está probado que fuerzas del orden de Los Cabitos detenían sospechosos de terrorismo, los torturaban y en algunos casos -como el suyo- los ejecutaban extrajudicialmente.

La sentencia fue más allá, pues reconoció que a partir de 1983 se produjo un ataque sistemático y generalizado contra un sector de la población, que para las fuerzas del orden eran sospechosos de terrorismo.

Orbegozo Talavera y Paz Avendaño también fueron sentenciados como responsables de numerosas desapariciones y torturas, entre ellas, el secuestro de Zósimo Tenorio Prado, un artesano de 28 años. Su esposa, Adelina García, sí pudo estar presente.

Según informó Latina anoche, Paz Avendaño salió del país hace una semana.

“Es una justicia a medias. Los militares siempre negaron que se habían llevado a nuestros familiares y ahora los jueces nos dan la razón. Pero solo condenaron a dos. ¿Y los demás?”, inquirió indignada al acabar la audiencia.

Y es que los jueces reservaron la condena para quien fue comandante general de las Fuerzas Armadas, Carlos Briceño Zevallos, y el ex jefe de estado mayor operativo Carlos Millones D’Stefano. Resolvieron que en 9 meses se evalúe su condición de salud a fin de definir si pueden someterse a proceso. Lo mismo hicieron con Arturo Moreno Alcántara, destacado en la Sección Inteligencia, ordenando su ubicación y captura.

El ex jefe de estado mayor administrativo Roberto Saldaña Vásquez fue absuelto.

Asimismo, se ordenó el pago de una reparación, en el que el Estado es tercero civil responsable: S/ 250 mil para los deudos de Luis Alberto Barrientos; S/ 200 mil para los familiares de los desaparecidos; así como S/ 150 mil para cada uno de los torturados.
Lesa humanidad

La fiscal superior en materia de derechos humanos y terrorismo, Luz del Carmen Ibáñez, sostuvo que más allá de cuestionamientos por las penas y algunas absoluciones, se debe rescatar que la sentencia del caso Cabitos es histórica.

“Se ha reconocido que hubo un conflicto armado interno, que fue desatado por la organización terrorista Sendero Luminoso. Además, que a partir de diciembre 1982, con la entrada del Ejército y otras fuerzas militares a Ayacucho para combatir el terrorismo, se cometieron prácticas de agresión a los derechos humanos de manera generalizada”, destacó.

Remarcó además el hecho de que la Sala haya reconocido que hubo un contexto de lesa humanidad, que agrava los delitos de detenciones arbitrarias, secuestros, torturas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Asimismo, expresó que la resolución dejó claro que estos oficiales pusieron a la organización del comando político militar de Ayacucho al servicio de prácticas aberrantes de violaciones a los derechos humanos, apartando de la legalidad al Ejército.

Apelaciones

La fiscal ha presentado un recurso de nulidad a varios puntos de la sentencia. Uno de ellos es que se haya excluido el cargo de secuestro agravado, dejando el de detención arbitraria. Argumentó que en el primer caso las penas van hasta los 35 años e impiden los beneficios penitenciarios.

Asimismo, han apelado la decisión del tribunal de no aplicarle el delito de desaparición forzada a Paz Avendaño, quien argumentó que pasó a retiro antes de que este delito se incluya en la legislación peruana. “De acuerdo a la interpretación del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana y los tratados que ha firmado el Perú, estos delitos, sin importar la fecha en que se cometieron, deben ser sancionados conforme a la gravedad”, refirió.

Igual opinión tuvo la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, abogada de las víctimas, quien también presentará recurso de nulidad. Agregó que también apelarán la absolución de Saldaña Vásquez, así como la decisión de la Sala de desestimar 19 casos de desaparición forzada y varios otros de tortura, argumentando que no había suficientes pruebas. Uno de ellos es el de Raúl Palomino Ventura.

“La Sala dice que solo hay un testimonio, pero no es así. Él fue detenido la misma fecha que otras personas que sí fueron consideradas víctimas. Hay varios testigos que dan cuenta que se lo llevaron y no volvió a aparecer”, manifestó.❧

Fallo será importante para otros procesos de Ayacucho

No todas las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar de Los Cabitos en 1983 se incluyeron en este caso. Existe un grupo que aún se encuentra en espera de que el Ministerio Público formalice su acusación, lo que se realizará a más tardar el próximo mes, aseguró la fiscal Luz del Carmen Ibáñez.
Indicó que este fallo será muy importante al momento de que los jueces valoren las pruebas que se presenten.
Dijo que también deberá tomarse en cuenta para el proceso por las detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas también por personal de Los Cabitos en 1984. Dijo que se presentará la acusación fiscal en los próximos meses.  María Elena CastilloLa República

 

 

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