Perú: Cien servidores públicos serán separados por actos de corrupción

ZZZXQWEn los próximos días serán separados los primeros 100 servidores públicos por haber incurrido en actos corrupción, adelantó el viceministro de Justicia, Edgar Carpio, en el marco de las políticas de promoción de la integridad del servicio público y prevención de ese flagelo.

Para efectuar dicha separación, se ha venido cruzando información entre el Poder Judicial, Ministerio Público y el Ministerio de Economía, en el objetivo de aplicar -en el ámbito de Servir y las entidades públicas- los nuevos estándares de contratación en el Estado.

“Se impulsaron cambios profundos en las estructuras del servicio público para promover la integridad, castigar al funcionario y servidor deshonesto, proteger los derechos e intereses del ciudadano y prevenir escenarios de corrupción”, comentó el funcionario.

Recordó que, según la Contraloría General de la República, entre inicios del 2009 y marzo del 2016, se detectaron 198,340 sanciones penales, civiles o administrativas a servidores públicos por acciones ligadas a temas de corrupción.

En el mismo intervalo, se identificó un total de 1,812 procesos judiciales a 9,937 funcionarios, con costos que superaban los 1,500 millones de soles.

Precisamente, al Minjus se le encargó, en los hechos, liderar la implementación de reformas legales orientadas a maximizar la eficiencia de esta lucha.

“Así, se fomentó la elevación de los estándares de contratación pública, impidiendo que personas condenadas por delitos contra la administración pública accedan a cargos públicos”, refirió Carpio en entrevista con el Diario Oficial El Peruano.

Además, se modificaron el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal (NCPP) para hacer más eficiente la investigación, el procesamiento y la sanción del crimen organizado.

Cabe mencionar que existen diversas modificaciones al NCPP para hacer más eficaz la persecución y sanción de los delitos contra la administración pública y contra la criminalidad organizada.

Por ejemplo, se autoriza el empleo de técnicas especiales de investigación, y se inhabilita a los servidores condenados por casos graves de corrupción para que no puedan volver a trabajar en el Estado, aplicándoseles la sanción penal de inhabilitación perpetua.

De igual modo, se dieron normas para transparentar las relaciones de parentesco familiar, a fin de hacer más eficientes las investigaciones que realizan en esta lucha los jueces, fiscales, comisiones investigadoras del Congreso, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Tribunal de Servir.   Andina

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