MEDIO AMBIENTE

Perú: El expediente desaparecido

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xEl último domingo, en el programa periodístico Cuarto Poder, Vladimir Paz de la Barra, secretario de Organización y vocero político de Alianza para el Progreso, trató de minimizar los plagios de César Acuña: Tanto en en su tesis doctoral en la universidad Complutense de Madrid, como en un libro de otro autor que el candidato publicó como suyo con el Fondo Editorial de su universidad, la César Vallejo. Paz de la Barra dijo que el foco del debate público no debía concentrarse en los plagios de su líder, sino en temas trascendentes para los ciudadanos. “Mire, ¿qué es lo más preocupante para la población? Liberar a narcotraficantes. Cinco narcotraficantes o tres narcotraficantes durante cinco años [en alusión a los indultos concedidos por Alan García durante su segundo mandato]”, argumentó Paz de la Barra.

El abogado sabía de qué hablaba. Su conocimiento sobre el tema de drogas, se remonta a la década de los 80, cuando Paz de la Barra era juez.

En esos años, el Perú era el mayor abastecedor de pasta básica de cocaína para el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar y el clan Ochoa, principalmente. Un importante miembro de esa organización fue el colombiano Evaristo Porras Ardila, quien se mantuvo durante varios años como su lugarteniente en la ciudad de Leticia, en Colombia. Entonces, Leticia era un gran centro de acopio de cocaína y albergaba grandes laboratorios de clorificación.

Porras fue capturado por primera vez en julio de 1978 en el Perú, junto a otros tres colombianos y cuatro peruanos, con un cargamento de droga. Sin embargo, en 1981 se fugó de la cárcel simulando estar enfermo. Con la ayuda de su abogado, Vladimiro Montesinos [entonces defensor de varios narcotraficantes], Porras fingió síntomas de una apendicitis para ser llevado a un hospital en el Callao, de donde escapó.

Evaristo Porras Ardila

                          Evaristo Porras Ardila

Después de su fuga, Porras buscó refugio en Leticia. En el Perú, el proceso judicial en su contra prosiguió. La Fiscalía pidió una condena de 15 años de prisión y empezó el papeleo para su extradición desde Colombia, donde había sido capturado por segunda vez en mayo de 1984, en los operativos que lanzó el gobierno colombiano tras el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Porras fue acusado de infiltrar dinero del narcotráfico, por encargo del Cartel de Medellín en la campaña de Lara al Congreso un año antes. Eso fue hecho sin conocimiento alguno de Lara Bonilla, con el objetivo de desacreditarlo en el momento escogido por los narcotraficantes.

Pero el proceso de extradición se frustró porque el expediente de Porras Ardila desapareció.

Hacia el año 1985, Vladimir Paz de la Barra era juez titular del Décimo Quinto Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Lima. Había ingresado muy joven al Poder Judicial, en 1978, con 26 años, y tuvo un ascenso rápido.

En diciembre de ese año, Paz de la Barra solicitó el expediente de Porras Ardila al Décimo Juzgado de Instrucción de Lima para tomar una prueba testimonial que serviría en un juicio civil de divorcio contra uno de los cómplices del narcotraficante colombiano.

Cuando el expediente llegó a su despacho, se esfumó.

El 5 de junio de 1987, la Vigésimo Segunda Fiscalía Provincial de Lima en lo penal denunció la pérdida de los documentos. Luego se determinaría que el caso de divorcio que atendió Paz de la Barra, y que fue el pretexto para pedir el expediente de Porras, era fraguado. La denunciante, así como los testigos que esta presentó no figuraban en Reniec, y tampoco era cierto su domicilio procesal.

JOSE MARIA AGUILAR NARCOTRAFICANTE ALIAS SHUSHUPE.

                         JOSE MARIA AGUILAR NARCOTRAFICANTE ALIAS SHUSHUPE

Según el testimonio de José María Aguilar ‘Shushupe’, colaborador de la DEA y trabajador de Porras Ardila entonces, fue Montesinos quien, en 1985, le entregó al narcotraficante colombiano, en Leticia, todos los documentos originales de sus procesos en el Perú.

“El doctor Montesinos llegó como abogado de este narcotraficante Evaristo Porras Ardila a la ciudad de Leticia (…) Él llegó llevando una caja de papel Suave (…) abrimos la caja y empezamos a sacar los documentos que iban, según ellos, los abogados del señor Evaristo empezaron a revisar que sean auténticos los papeles, originales. Iban documentos del Hospital Alcides Carrión, documentos de la Corte Suprema, documentos del Poder Judicial, documentos de la Fiscalía, documentos del Penal de Lurigancho, y según me di cuenta en esos documentos era todo el proceso de Evaristo Porras en el Perú. Ellos decían que se habían robado el sumario para evitar de dejar pruebas del señor Evaristo Porras en el Perú.”, narró Aguilar el 7 de febrero de 2003 en el Congreso.

Vladimiro Montesinos

                                                                               Vladimiro Montesinos

El 10 de noviembre de 1988, Paz de la Barra fue sancionado por la Sala Plena de la Corte Suprema con 30 días de suspensión, aunque hubo un grupo de magistrados que calificó la sanción de benevolente. Uno de ellos, el entonces juez supremo Manrique Díaz indicó que “(…) un juez en lo civil, solicite un expediente penal, es gravísimo, mucho más, si de su poder se pierde dicho expediente. Pidió para resolver un expediente sobre divorcio; esto es raro, y, grave la pérdida de ese expediente en circunstancias en que se hallaba el expediente en su poder”.

Paz de la Barra apeló esta decisión. Sin embargo, el 26 de setiembre de 1991, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad inadmisible su pedido de reconsideración. El magistrado Juan Manuel Méndez Osborn en su intervención -que quedó registrada documentalmente- indicó que la pérdida del expediente de Porras Ardila “dio lugar a que al ser detenido este delincuente en Colombia, pese a los reiterados pedidos del gobierno colombiano no pudo lograrse su extradición porque el expediente se había perdido. En un principio Paz de la Barra negó haber firmado el oficio solicitando el expediente penal, pero frente a las evidencias tuvo que admitir tal situación, situación que ahora quiere revivir con el objeto de estar apto para postular a una Vocalía, sin tener escrúpulos para hacer desaparecer el expediente administrativo, evitando así se resuelva la reconsideración, reconsideración que por lo demás nadie conoce”.

Ese mismo año, la Fiscalía concluyó que “el expediente civil fue fraguado para lograr la desaparición del expediente penal”.

Paz de la Barra presentó una acción de amparo contra los vocales supremos que no admitieron su pedido de reconsideración. En una sesión de Pleno del 4 de febrero de 1992 los vocales manifestaron su rechazo a la demanda de Paz de la Barra.

Meses después ocurrió el autogolpe de Alberto Fujimori. Hacia fines de ese año Paz de la Barra pidió su cese como vocal provisional de la Corte Superior de Justicia de Lima y juez titular del Décimo Quinto Juzgado Civil de Lima. Por Justicia Viva.- (*)

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