98iiiMonsanto es una multinacional estadounidense de biotecnología química y agrícola, cuyo objetivo es obtener el monopolio del suministro de alimentos en nuestro planeta. Actualmente opera en más de 70 países y controla la siembra de semillas genéticamente modificadas en más de 114 millones de hectáreas. Es decir, representa más del 90% de todos los cultivos transgénicos del mundo y sus nexos con el mundo político son extremos.

El súper poder de Monsanto es increíble. Sus ramificaciones afectan a decenas de gobiernos en todo el mundo. Leyes exclusivas, que protegen oficialmente a esta transnacional, demuestran una injerencia política muy efectiva.En Latinoamérica, Monsanto invierte en varios países como Chile, Colombia, Bolivia, muchos de ellos considerados como laboratorios de experimentación, primordialmente Argentina y Brasil, aunque Paraguay ya ha suscrito convenios, provocando desde ya serios conflictos sociopolíticos en la región. Sin embargo hay que señalar que Monsanto acaba de sufrir un reciente revés en Chile donde se ha retirado, de la agenda legislativa, el proyecto denominado “Ley Monsanto” que no será debatido.

Por otra parte, en Colombia, el paro agrario del año pasado (que posiblemente se vuelva a realizar en mayo-2014) fue reprimido de forma violenta, y la misma policía destruyó toneladas de semillas, por orden directa del gobierno, bajo el argumento de que “no pagan los impuestos a Monsanto”.

Frente a esta situación se hace inevitable comparar la actitud adoptada por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos con la de los gobiernos europeos,  que en años recientes, los primeros, han allanado el camino para la propagación de los cultivos transgénicos, a pesar del rechazo de los productores agrícolas, comunidades indígenas y la sociedad civil.

De igual manera, en contraste con lo que ocurre en Europa (Francia acaba de prohibir la utilización y cultivo del maíz modificado MON 810), en México existe  una actitud sumisa, poco responsable y hasta cómplice que no sólo amenaza la seguridad alimentaria y pone en riesgo la salud de la población, sino que atenta también contra garantías básicas de las comunidades originarias (como el derecho a ser consultadas sobre operaciones que afecten sus territorios) dejándolas libradas a su suerte en batallas jurídicas contra las poderosas trasnacionales.

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